Hace apenas diez días, las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron, sin mayor debate ni reparo, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026.
Al revisar el documento, se evidencia cierta coherencia entre el programa de gobierno y los incrementos en sectores estratégicos: defensa y policía (+4 billones), educación (+7 billones), inclusión social y reconciliación (+3 billones), salud y protección social (+9 billones) y trabajo (+6 billones). Estos aumentos, sin duda, representan impactos positivos para el país.
Sin embargo, más allá de las cifras, surgen unas preguntas fundamentales: ¿qué relación tiene el PGN con los derechos humanos? ¿De qué manera la distribución de recursos contribuye a su garantía? ¿Y qué consecuencias podría traer el hecho de reducir o no asignar suficientes recursos a entidades que cumplen funciones de orden público y seguridad, pero también de protección de derechos?
Al observar con más detalle, encontramos que la Defensoría del Pueblo presenta una reducción presupuestal del 0,3%. A simple vista, podría parecer un ajuste menor o irrelevante, pero en la práctica puede significar menos cobertura en territorios, menor capacidad de reacción frente a problemáticas y limitaciones para actuar con mayor precisión en la defensa de la ciudadanía.
En julio de este año, la Defensoría presentó su rendición de cuentas y expuso cifras que no pueden pasar desapercibidas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta diciembre de 2024, la entidad documentó 1.488 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, reflejo de una violencia sistemática que persiste año tras año. En el mismo período, registró 11.558 casos de violencias basadas en género y prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual o identidades de género diversas.
La situación en las regiones también evidencia la magnitud del problema: el control territorial de actores armados ilegales generó confrontaciones en zonas pobladas, lo que produjo 105 eventos de desplazamiento forzado masivo en 15 departamentos durante 2024, con un total de 25.799 personas afectadas, especialmente en Nariño y Cauca.
Frente a este panorama, no se trata solo de advertir que un recorte presupuestal puede limitar la atención de casos de violación a los derechos humanos. Es algo mucho más profundo: cuando una entidad cuya misión es proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos se ve impedida de cumplir con su labor por falta de recursos, el Estado envía el mensaje de que los derechos pueden pasar a un segundo plano. Y en esa medida, los abusos se multiplican, la impunidad crece y la violencia se perpetúa.
Por eso, el dinero es apenas lo mínimo que podemos exigir. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de fortalecer las veedurías, vigilar el gasto público y exigir que los gobiernos no recorten presupuestos de entidades que son pilar en la defensa de los derechos humanos. Pero esa no es la única tarea.
Se requiere también de transformaciones individuales: asumir responsabilidad, actuar con conciencia, detenernos a reflexionar sobre nuestra realidad y dejar de normalizar la violencia. Puede parecer poco, pero cada acción cuenta. Al final, el poder para erradicar la violencia no está solo en las instituciones ni en los recursos económicos: está en la manera en que pensamos, decidimos y actuamos como sociedad. Y mientras no asumamos esa conciencia colectiva, difícilmente podremos hablar de una verdadera paz y del respeto de los derechos humanos.