Hay cifras que no caben en una pizarra. No porque sean difíciles de escribir, sino porque pesan demasiado. Durante años Colombia repitió una cifra que ya era insoportable: 6.402 civiles asesinados y presentados como bajas en combate entre 2002 y 2008. Ahora la JEP habla de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al ampliar el periodo de revisión de 1990 a 2016. La cifra no corrige el horror: lo agranda. Lo desnuda. Lo devuelve al centro del aula nacional.
Y hay que decirlo sin anestesia: el periodo más brutal de esa maquinaria coincide con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Según la JEP, entre 2002 y 2008 fueron asesinadas ilegítimamente al menos 6.402 personas para ser presentadas como bajas en combate; El Espectador recordó en 2021 que ese lapso concentraba el 78 % de las victimizaciones históricas conocidas entonces.
El uribismo llamó a eso “seguridad democrática”. La historia, menos obediente, empieza a llamarlo por su nombre: una política del resultado medida en cadáveres.
No fueron “errores”. No fueron “manzanas podridas”. No fue una cadena de accidentes con uniforme. La Comisión de la Verdad ha explicado que las víctimas fueron civiles, muchas veces personas empobrecidas, vulnerables, jóvenes engañados, cuerpos disponibles para una guerra que necesitaba estadísticas.
La gramática del horror fue simple: capturar no servía, investigar era lento, proteger civiles no daba titulares. Lo que contaba era el muerto. La baja. El positivo. Ese lenguaje administrativo convirtió la vida humana en indicador de gestión.
Ahí está el núcleo moral del problema: cuando un Estado premia resultados sin preguntarse por los medios, termina fabricando muerte. Cuando un gobierno convierte la seguridad en religión política, cualquiera que cuestione sus dogmas es tratado como enemigo. Y cuando una sociedad acepta que “el orden” vale más que la vida, el fascismo ya no necesita botas nuevas: le basta con formularios, ruedas de prensa y partes militares.
No se trata de negar la violencia de las guerrillas ni de romantizar ningún actor armado. Ese es el truco barato de siempre: si una denuncia incomoda al poder, alguien grita “guerrillero” para no hablar de las víctimas. Pero aquí hablamos de algo específico y gravísimo: agentes del Estado asesinando civiles y presentándolos como combatientes. Eso no es seguridad. Eso es crimen estatal.
La JEP investiga estos hechos en el Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. En 2025, Reuters registró que la JEP acusó a 39 militares y dos civiles por 442 asesinatos y desapariciones en Antioquia, dentro de una lógica de “conteo de cuerpos” asociada a beneficios, permisos y ascensos.
Y hay otro punto que no debe perderse: la responsabilidad penal individual la determinan los tribunales. Pero la responsabilidad política no espera sentencia para existir. Un presidente no puede gobernar una maquinaria de guerra, celebrar sus resultados, convertir las bajas en trofeo y luego declararse turista moral del desastre.
Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia aprendió una pedagogía siniestra: que el éxito militar podía medirse en cuerpos. Que la sospecha sobre los pobres era política pública. Que una madre buscando a su hijo podía ser tratada como estorbo. Que el uniforme podía tapar la fosa.
La nueva cifra no es solo un dato. Es una acusación histórica.
7.837 no es un número para el debate frío de los opinadores. Son nombres. Familias. Madres. Hermanas. Barrios. Veredas. Ausencias servidas en la mesa. Juventudes robadas para inflar una estadística oficial.
Por eso la memoria no puede ser neutral. La neutralidad frente a los falsos positivos es una forma elegante de complicidad.
La Profe Antifascista lo escribiría en el tablero, con tiza roja:
Cuando el Estado mata inocentes y los presenta como enemigos, no está defendiendo la democracia: la está enterrando.