El país amaneció mirando vitrinas rosadas con cara de expediente judicial. Lili Pink, esa marca instalada en centros comerciales, barrios populares y conversaciones de consumo cotidiano, quedó en el centro de un operativo de extinción de dominio que ya no habla solo de ropa interior, cosméticos o expansión empresarial. Habla de una pregunta más incómoda: ¿cuántas veces el mercado se nos presenta como éxito cuando en realidad puede estar maquillando una estructura oscura?
La Fiscalía sostiene que el conglomerado detrás de la marca habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país. Según la investigación, la presunta estructura habría usado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para simular operaciones de comercio exterior, mover prendas, juguetes y cosméticos, y luego distribuirlos en el mercado nacional con apariencia de legalidad. El libreto no es nuevo: se fragmentan transacciones, se simulan relaciones comerciales, se dificulta la trazabilidad del dinero y, al final, el sistema económico formal recibe la mercancía como si nada hubiera pasado. Como si el dinero también pudiera ponerse perfume.
Las cifras son enormes. La Fiscalía documentó un presunto lavado de activos por más de $730.000 millones, un enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones, decomisos y aprehensiones de mercancía por más de $54.000 millones, y un posible contrabando que superaría los $75.000 millones. En la operación fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, con diligencias en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.
Traducido: no estamos hablando de una irregularidad de bodega. Estamos hablando de una presunta arquitectura empresarial con alcance nacional. Una maquinaria que, según las autoridades, habría usado la normalidad del consumo para esconder la anormalidad del dinero.
Y aquí viene la parte que incomoda.
Lili Pink no es cualquier marca. Es una marca vendida principalmente a mujeres. Su estética, su promesa y su presencia comercial se construyeron sobre cuerpos femeninos, deseo, cuidado, belleza, intimidad y precio accesible. El capitalismo entendió hace rato que el cuerpo de las mujeres es un territorio rentable. Nos vende brasieres, maquillaje, seguridad, autoestima, fragancias y hasta rebeldía empaquetada. Pero cuando una marca asociada a lo femenino termina bajo investigación por presunto lavado y contrabando, el relato se agrieta: el problema no es el color rosado; es la facilidad con la que el mercado convierte todo en fachada.
La empresa, por su parte, afirmó que está atendiendo el proceso con sus asesores legales y pidió proteger la marca, su legado y la estabilidad laboral de sus empleados mientras avanzan las actuaciones ante la Fiscalía y la SAE. Además, según lo informado, los locales afectados seguirán operando mientras se surte el trámite de extinción de dominio ante jueces especializados. Eso importa: los trabajadores no pueden terminar pagando solos el costo reputacional y económico de decisiones que, si se prueban, pertenecen a estructuras de poder empresarial.
Porque esa es otra vieja trampa: cuando el negocio crece, el mérito es de arriba; cuando estalla el escándalo, el miedo cae abajo. En la caja registradora, en la vendedora, en la empleada que no sabe si mañana abre el local o si la marca que defendía en turno completo se convirtió en noticia judicial.
Este caso todavía debe probarse en los escenarios correspondientes. Hay presunción de inocencia y debe haber debido proceso. Pero también hay una verdad política que no necesita sentencia para ser dicha: Colombia lleva décadas viendo cómo ciertas economías ilegales se visten de empresa, se perfuman de emprendimiento y se sientan en centros comerciales con aire acondicionado.
El problema no es solo Lili Pink. El problema es un país donde el éxito empresarial muchas veces se aplaude antes de preguntar de dónde salió la plata, cómo entró la mercancía, quién perdió, quién compitió en desventaja y quién lavó la mancha hasta volverla vitrina.
Nos dijeron que era moda rápida.
Tal vez también era justicia lenta.
Y si la Fiscalía tiene razón, esta historia no será solo la caída de una marca. Será otra radiografía de ese capitalismo tropical que se maquilla de oportunidad, explota cuerpos, abarata sueños y luego nos pide no mirar la etiqueta.