Una lavadora no es una política pública. Mucho menos una estrategia seria para combatir la precariedad de las mujeres. Sin embargo, esa es la “solución” que ha propuesto el precandidato presidencial Daniel Quintero: repartir lavadoras para “liberar” a las mujeres de la esclavitud del trabajo doméstico. La idea es tan reveladora como preocupante.
Aunque es cierto que las mujeres siguen cargando con la mayor parte del trabajo no remunerado —según cifras oficiales, en Colombia realizan el triple de trabajo doméstico que los hombres—, plantear que la entrega de electrodomésticos resolverá siglos de desigualdad es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, profundamente machista.
El problema no es que no tengamos lavadoras. El problema es que el Estado nunca ha asumido con seriedad la corresponsabilidad del cuidado, ni ha generado sistemas robustos para redistribuir estas tareas. No se trata de aliviar la carga con tecnología, sino de transformar las estructuras que nos asignan esa carga en primer lugar. Porque sí, lavar menos ropa puede ahorrar tiempo, pero eso no garantiza que ese tiempo se traduzca en oportunidades laborales, autonomía económica o participación política para las mujeres.
Lo que necesitamos son políticas integrales: licencias parentales compartidas, acceso a educación y empleo digno, redes públicas de cuidado, inversión en salud mental y física para las cuidadoras. Necesitamos dejar de romantizar la entrega de electrodomésticos como si fueran una conquista feminista, cuando en realidad refuerzan el rol doméstico que se nos ha impuesto históricamente.
Quintero, en su intento de ser “moderno” y “progresista”, termina reforzando los mismos estereotipos que dice querer combatir. No, señor Quintero, las mujeres no necesitamos lavadoras. Necesitamos igualdad.