En un acto histórico de nuestra república, Colombia es la primera vez que un expresidente es condenado a solo 12 años de prisión domiciliaria, por soborno a testigos por fraude procesal.
En un país sin memoria, que estuvo condenado más de 20 años a seguir repitiendo la historia, donde muchas familias tuvieron que soportar el dolor de que les arrebataran la vida a su hijo, presentando 6.402 falsos positivos.
Hoy habla una joven de tan solo 27 años de edad, quien en su colegio escuchó el relato de una de las madres de Soacha víctimas, invitada por uno de sus profesores de arte para el año 2014, último año de preparatoria. A quien su hijo, de tan solo 15 años, le arrebataron la vida. Un joven que tenía una diversidad funcional y quien solo iba todos los días a su colegio a luchar por sus sueños y los de su madre, quien todos los días, después de clases, le llevaba flores rojas a su mamá. Y saber que el día anterior sería la última rosa que recibiría porque nunca más vería entrar por la puerta de su casa a su amado y único hijo. A quien, hasta el día de hoy, ni siquiera ha recibido la justicia que merece. 12 años de prisión no devuelven la vida de un joven inocente.
Este relato va por ellas y todas las víctimas del desplazamiento y los falsos positivos.
Álvaro Uribe Vélez ha sido un icono, pero por quitarle el puesto a Hitler, quien ha hecho borrar procesos por tener vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico, manipulación y soborno a testigos exparamilitares como Guillermo Monsalve, modificando el testimonio a su favor. Y no conforme, perjudicándonos con la famosa Ley 100 de 1993, radicando el sistema de salud al implementar el modelo de aseguramiento privado bajo el concepto de “lógica de mercado”. Siendo esta sustentada como una reforma para garantizar el acceso a la salud y el mejoramiento de rentabilidad de las EPS, gestionando recursos públicos, restringiendo servicios y medicamentos, ampliando la desigualdad en la atención médica, principalmente a las personas más vulnerables. Creando dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, generando una brecha desigual entre quienes sí pueden tener acceso y quienes, por falta de oportunidades laborales, académicas y económicas, no pueden acceder a ella. Dilatando el derecho a tener tratamientos médicos para enfermedades crónicas, exámenes, cirugías, entre otras. Donde muchas personas han fallecido esperando una autorización médica oportuna, y muchos deben acudir a tutelas para exigir lo que por derecho les corresponde.
Asimismo, muchos médicos y profesionales de la salud fueron sometidos a tener sueldos con bajos salarios y condiciones laborales indignas, todo en nombre de la «eficiencia del sistema». Los hospitales públicos comenzaron a desfinanciarse progresivamente, acumulando deudas impagables por parte de las EPS, lo que ha llevado al cierre de servicios e incluso de centros hospitalarios enteros en regiones apartadas.
También, esta persona cuenta con investigaciones internacionales en países como Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, que atribuye al expresidente la responsabilidad política por las ejecuciones extrajudiciales y su política de Seguridad Democrática. Además, la Fiscalía General ha abierto más de 2.200 procesos penales, con aproximadamente 1.740 condenas a militares. Sin embargo, solo 3 % de estas sentencias han alcanzado a oficiales de alto rango por estar presuntamente involucrados con estos procesos.
Sin embargo, en un país donde la historia parece repetirse entre el olvido, la impunidad y el miedo, mirar con seriedad las investigaciones que rodean a figuras como Álvaro Uribe Vélez no es un acto de odio, sino un compromiso con la verdad, dicho también por nuestra jueza, quien confirmó que la toga no tiene género, pero sí carácter, y cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor, o incluso más, que cualquier otro funcionario judicial. Colombia necesita una ciudadanía que no le tema a hacerse preguntas incómodas, que no se arrodille ante los ídolos del poder, y que entienda que el verdadero patriotismo está en exigir justicia, transparencia y dignidad.
Jaime Garzón, con su claridad y humanidad, lo dijo sin rodeos: “Si nosotros, los jóvenes, no tomamos la dirección del país, nadie vendrá a cambiárnosla”. Hoy, más que nunca, sus palabras nos interpelan. Porque no basta con indignarse en redes sociales o murmurar en voz baja; hay que actuar, votar con conciencia, estudiar, organizarse, resistir desde la creatividad y el pensamiento crítico.
Y en ese camino, no podemos permitir que la rabia nos deshumanice. Como también lo dijo Jaime: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacer mala su persona, aunque piense y diga diferente”. La justicia que buscamos no es venganza: es una esperanza de país donde las diferencias se respeten, donde las heridas sanen con verdad, y donde nunca más callen las voces de quienes nos despiertan.