En este año, además de la tensa situación política que atraviesa Colombia, se ha hecho evidente una realidad que lleva décadas repitiéndose: la escasa participación femenina en las candidaturas presidenciales. A pesar de los avances en términos de derechos civiles, de la creciente visibilidad de las mujeres en espacios de liderazgo social y de una Constitución que garantiza la igualdad, en la práctica, el acceso de las mujeres a los más altos cargos del poder político sigue siendo limitado.
Mientras el país se ve envuelto en debates polarizantes, escándalos de corrupción y una agenda legislativa estancada por la confrontación ideológica, el panorama electoral de cara a los próximos comicios continúa dominado por figuras masculinas. El listado de precandidatos, con contadas excepciones, vuelve a evidenciar la falta de representación femenina en los espacios donde se toman las decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
Las razones son múltiples y estructurales. Por un lado, los partidos políticos siguen siendo espacios predominantemente masculinos, donde las mujeres tienen menos acceso a financiación, redes de poder y visibilidad mediática. Por otro lado, existe una cultura política profundamente patriarcal, que desincentiva y deslegitima el liderazgo femenino, imponiéndole estándares y exigencias distintas a las que enfrentan los hombres. A esto se suma la violencia política de género, una forma de discriminación que muchas mujeres deben enfrentar cuando deciden postularse a cargos de elección popular.
Aunque Colombia ha tenido mujeres vicepresidentas y ministras destacadas, nunca ha tenido una presidenta. Esta ausencia no se debe a una falta de preparación, liderazgo o capacidad por parte de las mujeres, sino a un sistema político que aún no ha roto con sus barreras históricas. La subrepresentación femenina en las candidaturas presidenciales no es solo una cuestión de equidad, es también una pérdida para la democracia: se desaprovechan visiones, experiencias y formas distintas de entender y gobernar el país.
La ciudadanía y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en cambiar esta narrativa. Es urgente pasar de la admiración aislada a la acción estructural: exigir a los partidos que promuevan candidaturas femeninas viables, fortalecer la paridad en las listas electorales, garantizar entornos seguros y equitativos para el ejercicio político de las mujeres, y promover una educación política que rompa con los estereotipos de género.
El debate sobre el futuro de Colombia no puede seguir dándose de espaldas a la mitad de su población. En un país donde las mujeres han liderado procesos de paz, movimientos sociales y luchas comunitarias, resulta incongruente que sigan siendo marginales en la contienda presidencial. La política no puede seguir siendo un club de hombres. Es hora de abrir las puertas del poder real a las mujeres, no como cuota simbólica, sino como una condición indispensable para una democracia más representativa, justa y transformadora.