Santurbán, ese húmedo guardián alto de aguas y memoria, fue declarado “sujeto de derechos” por el Tribunal Administrativo de Santander. Un paso histórico, sí — pero ¿qué tan sólido es cuando ese reconocimiento todavía no tiene forma? El Ministerio de Ambiente apeló el fallo el 21 de agosto de 2025, no para tumbar la protección, sino para que ésta tenga claridad, viabilidad y sustentabilidad; pide precisión técnica y ajuste normativo, integrando instrumentos como los POMCA y la Zona de Reserva de Recursos Naturales.
La protección también es un terreno de choques temporales e institucionales. La Sentencia T-367 de 2017 de la Corte Constitucional ya exigía delimitar el páramo en un año; sin embargo, apenas 6 de 31 mesas de trabajo se han realizado, y solo 8 de los más de 30 municipios involucrados han acordado una línea de páramo. Mientras tanto, la orden judicial coloca sobre los hombros de las alcaldías la responsabilidad de excluir actividades de alto impacto en apenas seis meses — una imposición casi absurda si quienes ordenan no han terminado lo primero.
Esta tensión no es solo formal: desdibuja el paisaje de protección, divide responsabilidades entre entidades judiciales, ministeriales y territoriales, y pone en jaque la vida de quienes dependen del páramo. Mineras, campesinos, agua y biodiversidad se encuentran en un limbo técnico–jurídico, donde los derechos de la naturaleza aún no se traducen en realidades tangibles.
Si Santurbán va a tener derechos, también necesita una geografía legal clara, una armonía normativa efectiva y una implementación coordinada con participación real y tiempos ajustados. Sin esto, los derechos del páramo serán solo palabras con un eco frágil, que resuena en tribunales pero no resuena en los territorios.
