La Fiscalía General de la Nación allanó este 30 de julio la Defensoría del Pueblo para investigar un contrato de aproximadamente 2.500 millones de pesos suscrito en 2021 por el entonces defensor Carlos Camargo Asís para instalar un laboratorio forense digital. La indagación busca establecer si esa herramienta se utilizó legítimamente o si fue un sistema de espionaje interno, especialmente contra sindicalistas críticos de la institución.
Según denuncias del sindicato Sindhep y medios como Cambio Colombia, ese software había sido empleado supuestamente para monitorear teléfonos y comunicaciones de funcionarios, en particular de quienes cuestionaban la gestión interna. A su vez, el exdefensor se defendió afirmando que la plataforma era exclusivamente técnica y no funcionaba como un sistema de vigilancia política.
Este caso trae a la memoria el escándalo del software espía Pegasus, usado por la Policía durante la administración Duque. El presidente Petro reveló que ese programa fue comprado por la Dirección de Inteligencia sin orden judicial, por unos 11 millones de dólares, y con envío de efectivo en aeronaves desde Bogotá a Tel Aviv. Aunque el gobierno estadounidense confirmó su financiación, aún se desconocen quiénes fueron afectados y quiénes accedieron a la información.
A diferencia de Pegasus, donde los antecedentes diplomáticos y judiciales se conocen, el contrato de la Defensoría podría representar el uso de tecnología avanzada sin supervisión efectiva ni claridad presupuestal. Mientras periodistas y defensores exigen transparencia, el caso aún está en etapa de recolección de evidencia y testimonios.
Este episodio evidencia una constante tensión: el uso de tecnología estatal para fines legítimos versus su instrumentalización política. Colombia ya ha vivido episodios de vigilancia ilegal institucional, como las conocidas chuzadas del DAS, que espiaron a opositores y periodistas en gobiernos anteriores.
¿Quién controla a los controladores digitales? El Estado debe responder si estos recursos se utilizaron para proteger derechos o vulnerarlos, y si existió consentimiento, límites claros y control ciudadano efectivo.