En Colombia, la violencia de género ha dejado una estela de dolor y pérdida que parece no tener fin. A pesar de los avances legislativos y las promesas de justicia, recientes decisiones judiciales han generado una profunda indignación en la sociedad, evidenciando una vez más las falencias de un sistema que, lejos de proteger a las mujeres, parece ser cómplice de su vulnerabilidad.
El caso de Stefanie Alexandra Perdomo Plaza, una joven de 30 años asesinada en Floridablanca, Santander, es un ejemplo doloroso de esta realidad. Según informes, Stefanie fue atacada con arma blanca por su expareja, Gonzalo García Castro, quien también agredió al actual compañero de la víctima, Jorge Yadir Díaz Villamizar. Tras el crimen, García Castro huyó, pero fue encontrado por la policía cerca del lugar de los hechos. Sin embargo, al no ser capturado en flagrancia, y a pesar de las evidencias en su contra, no fue detenido. Entregó su celular para análisis y negó su participación en el asesinato. Esta decisión judicial ha sido fuertemente criticada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Santander, que exigen una respuesta más contundente por parte de las autoridades.
En Bogotá, la situación no es diferente. Onofre Mogollón, una lideresa social de 59 años del barrio El Carmelo en la localidad de Kennedy, fue asesinada en su propia casa. El principal sospechoso es un inquilino que llevaba dos meses viviendo en su vivienda y que, presuntamente, la atacó tras una discusión por la pérdida de un dinero. A pesar de las grabaciones de cámaras de seguridad que lo muestran entrando y saliendo de la casa en repetidas ocasiones, el hombre fue dejado en libertad, argumentando falta de pruebas concluyentes. La familia de Onofre y la comunidad están consternadas, sintiendo que la justicia les ha dado la espalda.
Estas decisiones judiciales no solo generan indignación, sino que también envían un mensaje peligroso: en Colombia, la vida de las mujeres parece tener un valor inferior, y sus agresores pueden evadir la justicia con relativa facilidad. Según datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia, en el primer mes del aislamiento preventivo por la pandemia, las llamadas a la línea de atención púrpura 155 se incrementaron en un 103%, y al menos 102 mujeres fueron asesinadas desde marzo hasta junio de ese año. Estas cifras son alarmantes y reflejan una problemática estructural que requiere atención inmediata.
A pesar de la promulgación de la Ley 2356 de 2024, que elimina beneficios y subrogados penales para condenados o acusados por feminicidio, la aplicación efectiva de esta normativa sigue siendo un desafío. La ley establece que no se concederán beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria a quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por feminicidio. Sin embargo, casos como los de Stefanie y Onofre demuestran que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar que estas disposiciones se apliquen de manera efectiva y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
La impunidad en casos de feminicidio no solo perpetúa la violencia, sino que también desincentiva a otras mujeres a denunciar situaciones de maltrato por temor a no ser escuchadas o protegidas. Es imperativo que las instituciones judiciales actúen con diligencia y perspectiva de género, asegurando que las víctimas y sus familias obtengan justicia y que se envíe un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
La sociedad colombiana no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Es necesario un compromiso colectivo para erradicar la violencia de género y garantizar que las mujeres puedan vivir sin miedo. Esto implica no solo reformas legales, sino también un cambio cultural profundo que valore y respete la vida de las mujeres. La justicia debe ser una aliada en esta lucha, no una barrera más que las víctimas y sus familias deben superar.