Quince días después del feminicidio de Selene Roldán, de 25 años, ocurrido el 16 de marzo en el sector Moscú 2 de El Popular, en Medellín, no había ninguna persona judicializada. La familia denunció falta de respuesta de la Fiscalía, miedo a la impunidad y señaló a la entonces pareja de Selene como la última persona que salió de la vivienda. Telemedellín reportó además que en la ciudad ya se investigan cinco presuntos feminicidios en lo corrido de 2026.
Y ahí está la obscenidad del caso: la institucionalidad suele ser muy eficiente para producir rutas, cifras y comunicados, pero demasiado lenta cuando toca proteger a una mujer viva o responder por una mujer asesinada. Medellín informó en 2025 que había logrado un 68 % de esclarecimiento efectivo en casos de feminicidio entre 2024 y 2025, y mantiene mecanismos como la Agencia Mujer de la línea 123 y hogares de acogida para mujeres en alto riesgo. Pero cuando una mujer termina asesinada e incinerada, la pregunta no es cuántas rutas existen en el papel, sino por qué no alcanzaron a detener la violencia antes del crimen. La justicia que llega después del entierro no es justicia: es administración de la derrota.