En lo que va de 2025, el departamento del Cauca ya ha registrado dos feminicidios, una cifra que duele y alarma por lo que representa: la persistencia de una violencia estructural que continúa arrebatándonos vidas. Estos crímenes no son incidentes aislados; son el reflejo más brutal de un sistema que sigue normalizando las violencias contra las mujeres.
El feminicidio es el último eslabón de una cadena de agresiones que comienza mucho antes, en el silencio de un hogar, en la indiferencia institucional, en la impunidad que perpetúa el abuso. En el Cauca, este fenómeno se agudiza por un contexto de violencia armada, desigualdad y abandono estatal, que deja a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad.
Sin embargo, las comunidades no se han quedado calladas. Organizaciones feministas, colectivos indígenas y afrodescendientes han levantado la voz para exigir justicia y medidas concretas que protejan a las mujeres. Estas iniciativas nos recuerdan que, aunque la violencia sea sistémica, la resistencia también lo es.
La pregunta que resuena es: ¿hasta cuándo? Hasta cuando la vida de una mujer será menos importante que los discursos vacíos. Hasta cuándo las promesas de justicia se quedarán en el papel. Porque cada feminicidio no solo es una tragedia personal, sino un fracaso colectivo de una sociedad que no sabe proteger.
Es momento de repensar las políticas públicas, de invertir en educación con enfoque de género, de fortalecer las rutas de atención y, sobre todo, de garantizar que cada agresión sea investigada y sancionada. No podemos resignarnos a que estos titulares sean rutinarios; Debemos convertir el dolor en acción.
Las mujeres del Cauca y de todo el país merecen vivir sin miedo, y eso no es negociable. Que el grito por justicia resuene más fuerte que nunca, porque la memoria de las que ya no están nos exige no rendirnos.