En un fallo histórico, un juez administrativo en Armenia, Quindío, ordenó la práctica inmediata de procedimientos médicos ginecológicos y obstétricos a 37 mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reclusión Villa Cristina. Esta decisión responde a una acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación, que denunció la vulneración de derechos fundamentales como la salud y la vida.
La Procuraduría alertó sobre la omisión de citas y procedimientos esenciales como citologías, ecografías y mamografías. Estas negligencias representan un grave riesgo para la integridad de las internas, muchas de las cuales requieren atención médica especializada y adecuada.
El juez ordenó a Fiduprevisora SA, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y la Unión Temporal Medisalud Integral PPL coordinar la realización de los exámenes médicos pendientes. Además, se enfatizó la importancia de incorporar un enfoque diferencial de género en la atención.
Esta decisión marca un precedente para garantizar que las mujeres privadas de la libertad reciban atención integral en salud, cumpliendo con los estándares de derechos humanos que el Estado colombiano está obligado a respetar.