El 17 de marzo fue firmado públicamente el Decreto de Política Exterior Feminista —PEF— por el presidente Gustavo Petro. Al respecto, se refirió la canciller Yolanda Villavicencio señalando: «Nuestra Política Exterior Feminista no es un gesto simbólico. Es una decisión política de Estado para que la igualdad de las mujeres también se defienda en cada espacio donde Colombia habla ante el mundo».
A través del Decreto 270 de 2026 se modifica el Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, bajo el cual se adopta la Política Pública Exterior Feminista, cuyo objetivo es promover y garantizar los derechos de las mujeres en sus diversidades, las personas LGBTIQ+ y las mujeres colombianas que habitan en el exterior.
De manera específica, busca establecer el enfoque de género como una herramienta fundamental en el accionar del Estado en asuntos de política exterior; fortalecer al sector de las relaciones exteriores en su capacidad de respuesta e incidencia para la implementación de la PEF; fomentar la participación de organizaciones de mujeres, personas LGBTIQ+ y mujeres en el exterior; y redirigir esfuerzos en misiones, consulados y embajadas para promover los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ+ y mujeres en el exterior.
El Decreto establece los siguientes cinco pilares temáticos: en materia de justicia social, prioriza la diplomacia, la cooperación internacional y un enfoque de género que visibilice las distintas formas de opresión que enfrentan las mujeres. Respecto a la justicia ambiental, busca proteger, reparar y restaurar daños ambientales, reconociendo cómo las decisiones globales impactan a las comunidades beneficiarias de la PEF. En cuanto a la paz positiva, apunta a transformar la sociedad para que las mujeres gocen de libertad, autonomía y acceso a oportunidades de desarrollo. En educación, ciencia y cultura, promueve la inclusión y el acceso igualitario en estos ámbitos dentro del marco de las relaciones exteriores. Finalmente, el fortalecimiento institucional del sector de relaciones exteriores se plantea desde tres frentes: incorporar el enfoque de género en la planeación y gestión institucional, realizar ajustes estructurales para la igualdad, y construir entornos laborales libres de violencia y discriminación.
La Cancillería, a través de un anexo técnico, presenta las bases para la implementación de la PEF. Allí expone un diagnóstico con cinco categorías que representan los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la protección de los derechos de las mujeres, y permite conocer, con datos y estadísticas de los últimos cinco años, cuál es la situación de las mujeres en cuanto a participación política, derechos laborales, violencia de género, trata de personas, explotación sexual y educación.
CATEGORÍA N.° 1: En participación política, se establecen medidas para garantizar la representación igualitaria en cargos de decisión. En el campo de elección popular, la participación de las mujeres es baja; tomando como ejemplo las elecciones locales de 2023, en los concejos el 80,08% son hombres y solo el 19,92% son mujeres, en las asambleas el 79,67% son hombres y el 20,33% son mujeres, y en las juntas administradoras locales el 54,92% son hombres y el 45,08% son mujeres. En los tres escenarios se presentó una baja representación de mujeres indígenas, personas LGBTIQ+ y mujeres afro, negras y palenqueras.
No obstante, en el campo de cargos de nivel directivo se evidencian cambios significativos, toda vez que en 2023 alrededor de 968 entidades públicas reportaron información sobre participación de mujeres en cargos de Máximo Nivel Decisorio —MND—, de los cuales el 46,85% están ocupados por mujeres, y los de Otro Nivel Decisorio —OND— están ocupados en un 49,99% por mujeres, incrementando sus cifras frente a 2022.
CATEGORÍA N.° 2: En derechos laborales, se busca cerrar la brecha salarial, promover la igualdad de oportunidades y redistribuir las labores de cuidado, con especial atención a mujeres rurales, campesinas y pesqueras. Sin embargo, los datos muestran que las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres; por ejemplo, las mujeres sin ningún nivel educativo presentan una brecha del 38,8% y las mujeres con posgrados enfrentan una brecha del 22,9% frente a los hombres. De igual manera, las mujeres con autorreconocimiento étnico afrocolombianas, raizales y palenqueras sufren una brecha del 12,9%, y las mujeres indígenas, una brecha del 14,6%.
En cuanto a las labores de cuidado no remunerado, en 2023 se evidenció un aumento, en donde el 75,9% de las mujeres son quienes destinan más horas a cuidados no remunerados, frente al 24,1% de hombres que destinan tiempo a este tipo de labores.
CATEGORÍA N.° 3: Frente a la violencia de género, se plantean acciones para prevenir y atender la violencia doméstica, sexual y el acoso. Sin embargo, para 2023, el 85% de los casos de delitos sexuales son denunciados por mujeres adultas, y en contra de menores el 82% son denunciados por niños, niñas o adolescentes.
Además, de los 104.657 casos de violencia intrafamiliar reportados, 77.751 son en contra de las mujeres y 26.906 en contra de los hombres. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados en Colombia y afecta a las mujeres desde la infancia, siendo víctimas las niñas en un 45,24%, las adolescentes en un 62,96% y las mujeres adultas en un 75,58%.
CATEGORÍA N.° 4: Trata de personas y explotación sexual. Se trabaja en el desarrollo de estrategias para combatir la explotación sexual y proteger a las víctimas. A pesar de ello, los delitos de violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y la trata de personas afectan en gran medida a niñas y adolescentes, principalmente a niñas entre los 12 y los 14 años quienes son más vulnerables, estos representan el 79% de las víctimas, siendo el principal foco de captación para la ejecución de delitos como explotación sexual, prostitución de menores de edad y proxenetismo. En cuanto a otros delitos de explotación sexual en el 82% de los casos las víctimas son mujeres adultas.
CATEGORÍA N.° 5: Educación. Se busca garantizar el acceso continuo y de calidad a la educación formal para mujeres en su diversidad y personas LGBTIQ+. Aun así, las cifras, aunque crecen, no son suficientes; por ejemplo, el acceso de mujeres a la educación superior en 2010 fue del 51,5% y para 2021 aumentó al 53,4%, lo que resulta insuficiente si se considera que en una década el incremento fue de apenas 1,9%. Con todo, para 2021 el 56,6% de la población graduada eran mujeres.
Asimismo, la presencia de la mujer en la educación superior como docente es del 39,8%, con una brecha que se acentúa en los niveles superiores de formación.
Aquí se presenta una contradicción que no se puede ignorar: mientras Colombia busca avanzar en la construcción de una agenda exterior con enfoque de género, las cifras internas reveladas permiten concluir que los compromisos adquiridos por el Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres son insuficientes, limitados y precarios; tanto, que terminan convirtiéndose en los paños de agua tibia con los cuales se pretende convencer de que se quieren mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Así las cosas, es difícil creer que el Estado trabaja seriamente para acortar la brecha salarial que afecta a las mujeres en cualquier nivel educativo, para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan habitar espacios libres de violencia, con autonomía y participación, y para que el acceso a la educación sea integral y ajustado a la realidad de cada mujer.
Si bien la Política Exterior Feminista es un paso importante que brinda la posibilidad de contar con mayores herramientas para la defensa de las causas feministas en el país, resulta insuficiente si no está respaldada por una transformación profunda de la sociedad colombiana que garantice a las mujeres un acceso total y efectivo a la justicia, a la educación, a la salud y a los espacios de participación y decisión.
De nada sirve proyectar una imagen de igualdad ante el mundo cuando las mujeres colombianas siguen enfrentando, en su cotidianidad, desigualdad, violencia y exclusión. La verdadera política feminista, entonces, no solo se defiende en los escenarios internacionales, sino que se construye y se vive desde adentro.