Cada día en Colombia miles de mujeres denuncian violencias, abusos y discriminaciones. Sin embargo, muchas veces no es el agresor quien más hiere, sino la propia justicia que debería protegerlas. Una justicia lenta, ciega a la perspectiva de género y cargada de prejuicios se convierte en un enemigo silencioso que perpetúa la desigualdad.
Cuando una mujer denuncia, se enfrenta a un sistema que, en vez de protegerla, la obliga a revivir el trauma. Debe relatar una y otra vez lo sucedido ante fiscales, jueces y defensores que, en muchos casos, carecen de formación en género. A esto se suma un lenguaje insensible y plagado de estereotipos: “¿Por qué no se fue antes?”, “¿Qué hacía a esa hora en ese lugar?”, “¿Qué ropa llevaba puesta?”. Preguntas que convierten a la víctima en sospechosa y transforman el proceso en un suplicio.
Por su parte, la justicia penal en Colombia es lenta y burocrática. Los procesos por violencia intrafamiliar, feminicidios, acoso o abuso sexual pueden tardar años, hasta el punto de prescribir antes de llegar a una sentencia. El mensaje que recibe la sociedad es devastador: los agresores saben que las probabilidades de ser castigados son mínimas, mientras que las mujeres aprenden que denunciar significa entrar en un laberinto sin salida.
Aunque existen normas como la Ley 1257 de 2008, en la práctica muchos operadores judiciales siguen actuando desde una supuesta “neutralidad” que ignora la desigualdad estructural. Tratan los casos de violencia de género como simples conflictos privados o domésticos, sin entender que se trata de un problema social que requiere medidas urgentes y diferenciadas. Esa ausencia de enfoque termina legitimando la violencia: lo que no se nombra ni se comprende, no se combate.
Denunciar implica para una mujer exponer su intimidad y arriesgarse a represalias. Muchas pierden apoyo familiar, son señaladas en sus comunidades o incluso amenazadas por los agresores. El precio es tan alto que no pocas deciden callar. Así, la justicia, en lugar de ser un camino hacia la reparación, se convierte en un escenario que profundiza la herida. Y mientras más mujeres callan, más fuerte se hace el círculo de violencia.
No basta con leyes escritas ni con discursos de igualdad. El Estado tiene la obligación de garantizar que la justicia sea efectiva, rápida y sensible a la realidad de las mujeres. Sin embargo, la falta de recursos, de personal capacitado y de seguimiento a los casos mantiene a miles de mujeres en un limbo. La justicia se convierte, entonces, en un privilegio para unas pocas y en una ilusión para la mayoría.
La justicia debería ser un refugio, no una trampa. Mientras las leyes sigan sin escuchar las voces de las mujeres, el sistema continuará siendo un aliado de la violencia. No se trata de pedir privilegios, sino de exigir garantías reales. Porque cuando la justicia falla, no solo falla con las mujeres: falla con toda la sociedad. Una sociedad que calla o normaliza la impunidad es una sociedad que permite que la violencia siga siendo la regla y no la excepción.