Por Angélica Marcela Cruz Guerrero 

Durante décadas, Colombia ha intentado salir de un ciclo de violencia que ha dejado millones de víctimas, territorios abandonados, familias fragmentadas y generaciones enteras acostumbradas a vivir entre el miedo y la incertidumbre. Cada avance hacia la paz ha sido resultado de negociaciones difíciles, del trabajo persistente de las víctimas para mantener viva la memoria y de la construcción de instituciones que, aunque imperfectas, surgieron con un propósito fundamental: impedir que los hechos más dolorosos de nuestra historia se repitan.

Hoy, esa construcción atraviesa un momento decisivo. Los primeros anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, han reabierto un debate que Colombia nunca ha terminado de resolver: ¿qué lugar ocuparán la memoria, la verdad, la justicia y la reparación dentro del proyecto de país que queremos construir? Más allá de un cambio de administración, está en juego la orientación del Estado frente a las heridas que ha dejado el conflicto armado.

El discurso de la austeridad, la reducción institucional y el fortalecimiento de una política de seguridad centrada en la fuerza deben analizarse de manera conjunta. Estas orientaciones plantean interrogantes sobre el lugar de la memoria, la reparación y la participación en el nuevo proyecto de país.

Desde una perspectiva feminista, estos anuncios de transformación obligan a examinar quiénes asumirían sus consecuencias. Cuando la seguridad se define principalmente en términos militares y la reducción del Estado se presenta como sinónimo de eficiencia, existe el riesgo de relegar nuevamente las experiencias y necesidades de las mujeres. La discusión exige preguntarse qué instituciones son indispensables, qué derechos se priorizan y qué vidas reciben protección.

La alianza con Estados Unidos y los límites de la autonomía

El presidente electo ha manifestado su intención de fortalecer la relación de Colombia con Estados Unidos. Para algunos sectores, una alianza más estrecha ofrece oportunidades de cooperación económica, inversión, seguridad y posicionamiento internacional. Para otros, reactiva interrogantes históricos sobre la autonomía del país y la influencia de intereses externos en las decisiones nacionales.

La relación entre ambos países ha estado marcada por la cooperación militar y las estrategias de lucha contra el narcotráfico. Políticas como el Plan Colombia se presentaron como instrumentos para combatir a los grupos armados y las economías ilegales. Sin embargo, también suscitaron debates sobre sus efectos territoriales, las fumigaciones con glifosato, la militarización y las consecuencias para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Reconocer esta historia exige preguntarse en qué condiciones se desarrolla la cooperación, quién define sus prioridades y cómo se distribuyen sus costos. La cooperación puede fortalecer las capacidades del Estado, pero también restringir la autonomía cuando las prioridades nacionales quedan subordinadas a intereses externos.

El debate no debería limitarse a establecer si la alianza fortalece la seguridad nacional. También es necesario preguntar qué tipo de seguridad se construye, a quién beneficia y qué comunidades soportan sus costos. La seguridad no puede medirse únicamente por la capacidad militar, sino por la capacidad estatal para garantizar derechos, resolver conflictos y proteger a las poblaciones afectadas por la guerra.

La austeridad fiscal y el debilitamiento institucional

Con el argumento de reducir el gasto público y eliminar la burocracia, el presidente electo ha anunciado cambios en la estructura de la Presidencia y la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Quienes respaldan estas medidas pueden interpretarlas como una forma de disminuir costos y modificar la estrategia frente a los grupos armados.

Sin embargo, estos anuncios generan preocupación sobre el futuro de la arquitectura institucional creada para responder a las consecuencias del conflicto. Los cuestionamientos a las instituciones de paz abren interrogantes sobre la continuidad y el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

No se trata de afirmar que todas esas instituciones serán eliminadas ni de presentar como hechos decisiones aún no adoptadas. Las transformaciones institucionales y presupuestales podrían afectar la capacidad estatal para garantizar los derechos de las víctimas y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo Final.

La austeridad no es neutral. Cada decisión presupuestal expresa prioridades políticas. Cuando se reducen los recursos destinados a la memoria, la justicia transicional, la reparación o la restitución, es necesario preguntar qué funciones dejarán de cumplirse y quiénes asumirán los costos de esas decisiones.

La pregunta de fondo es qué tipo de Estado desea construir Colombia: uno que esclarezca la verdad, repare a las víctimas y garantice la no repetición, u otro que reduzca el alcance de las instituciones encargadas de cumplir esas funciones. La paz no puede entenderse como una carga administrativa ni la reparación como un gasto prescindible.

Las mujeres y los territorios frente al retroceso

Un eventual debilitamiento de las instituciones de paz podría afectar de manera diferenciada a las mujeres, aunque no a todas por igual. Cuando se reducen los mecanismos de reparación, protección o restitución, quienes han soportado una parte desproporcionada de las consecuencias del conflicto pueden enfrentar mayores barreras para ejercer sus derechos.

El conflicto armado ha afectado a las mujeres de formas diversas. Muchas fueron víctimas de desplazamiento forzado, perdieron o vieron desaparecer a familiares, enfrentaron violencias de género o sostuvieron sus hogares y comunidades en medio de la ausencia estatal. También han actuado como buscadoras, lideresas, defensoras de derechos humanos, constructoras de memoria y promotoras de paz.

Detrás de las instituciones hay personas e historias concretas: una madre que continúa buscando a un familiar desaparecido; una campesina despojada de su tierra que espera recuperarla; una lideresa que necesita protección para continuar su trabajo; y una mujer que sobrevivió a la violencia de género y espera que su testimonio sea reconocido.

Desde una perspectiva feminista, el problema no radica únicamente en el tamaño del Estado, sino en los criterios con los que se definen las prioridades públicas. Cuando la seguridad se define a partir de la fuerza y el control territorial, pueden quedar relegados el cuidado, la reparación, la participación comunitaria y la protección de la vida cotidiana.

Analizar las relaciones patriarcales no equivale a calificar automáticamente de patriarcal toda política de seguridad o austeridad. Implica examinar qué ocurre cuando las decisiones se concentran en espacios de poder históricamente masculinizados y las experiencias de las mujeres son tratadas como asuntos secundarios. Una política pública puede reproducir desigualdades cuando no incorpora enfoques diferenciales ni garantiza la participación efectiva de las mujeres.

Las mujeres no son únicamente víctimas o beneficiarias de las políticas de paz: son actoras políticas y constructoras de memoria. Una democracia que excluye sus voces y experiencias no puede comprender plenamente las consecuencias de la violencia.

La vida como compromiso público

Al mismo tiempo que se debate el futuro de las instituciones de paz, sectores políticos que respaldan al gobierno entrante han promovido iniciativas orientadas a restringir el acceso al aborto mediante cambios constitucionales. Quienes las defienden sostienen que buscan proteger la vida desde la fecundación.

Este debate también debe reconocer la autonomía reproductiva y el derecho a la salud de las mujeres y de otras personas gestantes.

Este planteamiento abre una discusión necesaria. Si esos sectores exigen que el Estado proteja la vida desde la fecundación, resulta legítimo preguntar cómo garantiza la vida, la dignidad y los derechos después del nacimiento. La defensa de la vida debe reflejarse en las condiciones que permiten vivir con seguridad y dignidad.

Esto implica garantizar la salud, la educación, la alimentación y la protección social, así como proteger a las mujeres que enfrentan violencia, a las lideresas, a las comunidades rurales y a las personas desplazadas. La vida no puede entenderse únicamente como un principio abstracto: debe traducirse en políticas capaces de responder a las desigualdades.

Defender la vida también implica garantizar condiciones dignas, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados y evitar que las decisiones públicas profundicen las desigualdades. La coherencia entre el discurso y las políticas se expresa en los presupuestos, las instituciones que se fortalecen y la capacidad estatal para garantizar derechos.

El Acuerdo Final como compromiso jurídico y político

El Acuerdo Final de Paz no depende exclusivamente de la voluntad política de un gobierno. Su implementación se sustenta en disposiciones constitucionales, decisiones judiciales y compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Por ello, las transformaciones relacionadas con la política de paz deben respetar el ordenamiento jurídico y las garantías de las víctimas.

Esto no significa que el Acuerdo sea inmodificable ni que sus instituciones estén exentas de evaluación. Sin embargo, cualquier modificación debe considerar sus efectos sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Las restricciones presupuestales o los cambios institucionales pueden afectar la capacidad estatal para cumplir estas obligaciones. De ahí que el debate requiera información clara, control democrático y participación de las víctimas y las comunidades afectadas.

Quienes cuestionan el Acuerdo señalan que el «No» ganó el plebiscito de 2016. Sin embargo, después se renegoció el texto, se incorporaron modificaciones y el nuevo Acuerdo fue refrendado por el Congreso. Esta secuencia muestra que la paz ha sido objeto de desacuerdos profundos, pero también que las instituciones democráticas pueden ofrecer mecanismos para tramitar las diferencias.

La paz no exige uniformidad política. Exige debatir sin desconocer los derechos de las víctimas ni convertir la violencia en una herramienta de poder.

La resistencia democrática

Las elecciones reflejaron un país diverso y profundamente dividido. Millones de personas respaldaron proyectos políticos distintos. Muchas continúan defendiendo la implementación del Acuerdo de Paz, la justicia transicional, las políticas de reparación y los derechos humanos.

La defensa de la democracia no depende únicamente de las instituciones estatales. También reside en la capacidad de organización de la ciudadanía, las organizaciones sociales, los movimientos de mujeres, las comunidades rurales, las organizaciones de víctimas y las universidades. La participación permite vigilar el poder, exigir transparencia y proponer alternativas.

La resistencia democrática no debe entenderse como una oposición automática a toda decisión gubernamental. Significa ejercer el derecho a cuestionar, debatir y exigir que las políticas públicas respeten la Constitución, los derechos humanos y los compromisos asumidos por el Estado.

En este proceso, las mujeres, en su diversidad, tienen un papel central. Su participación no puede limitarse a ocupar espacios simbólicos ni a ser consultadas una vez tomadas las decisiones. Deben intervenir de manera efectiva en la definición de las políticas de paz, seguridad y protección territorial.

La Colombia que decidimos construir

Este texto no pretende cerrar ninguna discusión, sino abrirla con urgencia. Colombia atraviesa un momento en el que conceptos como austeridad, seguridad, eficiencia, soberanía y vida se convierten en campos de disputa política. Detrás de cada decisión presupuestal existe una concepción sobre el papel del Estado y, detrás de cada reforma institucional, una idea sobre qué problemas merecen atención pública.

Las políticas públicas expresan valores, establecen prioridades y producen consecuencias. Por eso, el debate sobre la paz no puede reducirse a los costos o la eficiencia. También exige preguntarse qué vidas se priorizan y qué comunidades participan en las decisiones que afectan sus territorios.

El país que muchas personas temen no es desconocido. Es un país marcado por la guerra, el silenciamiento de las víctimas y la normalización de la violencia como herramienta política. Pero también existe otro: el de las madres que continúan buscando a sus familiares, el de las campesinas que siguen sembrando, el de las lideresas que defienden sus comunidades y el de quienes insisten en que la memoria es indispensable para construir un futuro diferente.

Un país no retrocede únicamente cuando regresa la guerra. También retrocede cuando olvida a sus víctimas, cuando la verdad deja de importar, cuando la reparación se convierte en un gasto prescindible y cuando la paz deja de asumirse como una responsabilidad colectiva.

Recordar no significa aferrarse al pasado. Significa aprender de él para impedir que el dolor se repita. La memoria permite reconocer lo ocurrido, reparar a las víctimas y construir garantías de no repetición.

La discusión no gira solo en torno a un gobierno o un presupuesto, sino al tipo de nación que Colombia quiere ser: una en la que la memoria, la justicia, la participación y la dignidad orienten las decisiones públicas, u otra en la que esos principios cedan ante la lógica de la fuerza, la reducción institucional y el olvido.

La Colombia que decidamos construir dependerá de nuestra capacidad para defender los derechos alcanzados, escuchar a las víctimas, reconocer el liderazgo de las mujeres y participar en las decisiones que definirán el futuro. Ese es el debate que Colombia enfrenta hoy y no puede aplazarse.